El pasado martes 14 de junio fueron votadas en el Pleno las últimas normas transitorias, con lo que el proceso de definir los contenidos de la Nueva Constitución queda finalizado y sólo resta el trabajo de la Comisión de Armonización.
En materia de educación, además de lo definido en el primer informe, se añadió un plazo de 2 años para que el poder legislativo trámite la ley que creará el nuevo Sistema Nacional de Educación. Recordemos que la Constitución solo establece principios y deberes para el Estado, pero son las leyes las que definen de qué manera estos mandatos se materializan. De esta manera, en caso de que el 4 de septiembre se aprueba el texto, el Presidente de la República tendrá un plazo de dos años para despachar un proyecto de ley que cree este sistema, y a partir de esto, el legislativo tendrá un máximo de dos años para su tramitación.
¿Significa esto que el Sistema Nacional de Educación comenzaría a funcionar en septiembre de 2026? No necesariamente. La misma ley deberá determinar las formas y plazos de su implementación, que en nuestra historia democrática reciente siempre se ha hecho de forma gradual y responsable cuando se trata de cambios tan profundos. Será importante que en este tiempo la ciudadanía se mantenga informada y participe en las instancias que el nuevo sistema político abra, para que el sistema responda de la mejor manera a todas las necesidades del país.
El Sistema Nacional de Educación tendrá como fin la formación integral de las personas y el desarrollo democrático y sustentable de la sociedad, y estará fundado en los principios de la colaboración y no discriminación. Este sistema incluirá a establecimientos educacionales en todos los niveles, públicos y privados, posicionando a la educación pública como su eje estratégico, garantizando mejores condiciones y mayor estabilidad a través de un financiamiento basal.
