El pasado jueves 2 de junio, en sesión plenaria, la Convención Constitucional aprobó las primeras normas transitorias de la Nueva Constitución. Estas normas son las que definen plazos y formas generales de actuar de los diferentes poderes del Estado en el periodo de transición, el cual puede durar muchos años. En materia de educación, fueron aprobados los siguientes artículos transitorios:
Artículo 29 transitorio.- El Presidente de la República deberá presentar proyectos de ley que tengan por objeto la creación, adecuación e implementación de los siguientes sistemas; Sistema de Seguridad Social y Sistema de Cuidados en el plazo de 12 meses, Sistema Nacional de Salud en el plazo de 18 meses, y Sistema Nacional de Educación, Sistema de Educación Pública y Sistema Integrado de Suelos Públicos en 24 meses. Los plazos antes señalados se contarán a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución.
Artículo 34 transitorio.- La ley que crea el Sistema Nacional de Educación deberá contemplar la regulación del financiamiento basal de las instituciones que forman parte del Sistema de Educación Pública y el financiamiento de aquellas instituciones que cumplan con los requisitos que establezca la ley y sean parte del Sistema Nacional de Educación, según lo dispuesto en el artículo 17 [282] del capítulo de Derechos Fundamentales. Asimismo, deberá regular el financiamiento progresivo de la gratuidad de la educación superior, según lo dispuesto en el artículo 20 bis del capítulo de Derechos Fundamentales. La ley que crea el Sistema Nacional de Educación deberá garantizar la participación de las comunidades educativas en el proceso de adecuación del Sistema Educativo, según lo dispuesto en el artículo 18 y 20 del Capítulo XX de Derechos Fundamentales.
¿Qué implican estas disposiciones?
En primer lugar, se define un plazo explícito de 2 años para que el presidente de la República presente un proyecto de ley que defina cómo será el nuevo Sistema Nacional de Educación, el cual, como recordarás, integra a todos los establecimientos educativos, públicos y privados, de todos los niveles de enseñanza formal, bajo la coordinación y supervigilancia estatal, y pone como eje central la educación pública, asegurando un financiamiento basal a las escuelas y liceos estatales. Este plazo no implica que el sistema comenzaría a funcionar el 2024, sino que en ese plazo debe comenzar la tramitación de la ley, el cual deberá ser debatido, modificado y aprobado por el poder legislativo, y luego implementado, de acuerdo a lo que dicha ley señale, por lo que pasarán muchos años hasta que veamos un Sistema Nacional de Educación funcionando en su totalidad. Aún no se ha definido cuándo comenzarán a regir las nuevas cámaras del Parlamento, por lo que no hay seguridad de que esta discusión la tome el sistema legislativo actual o el próximo.
Lo segundo relevante es que se obliga al poder legislativo a contemplar el financiamiento de todas las instituciones que sean parte del Sistema Nacional de Educación, o en otras palabras, a los establecimientos particulares. Si bien esto no asegura que el financiamiento de este tipo de establecimientos se mantendrá tal como está, sí da una señal al parlamento de que es un tema que debe considerarse. A esto se suma el importante inciso que señala que la ley deberá considerar la participación de las comunidades en el proceso de adecuación, sin discriminar si los establecimientos son públicos o privados, lo que se compone como una potente señal de tranquilidad para las comunidades escolares que hoy temen por su futuro.
Por último, se obliga a determinar el financiamiento para la progresiva gratuidad universal de la educación superior, lo que marca un cambio de la comprensión de la gradualidad, no como una forma de retrasar los cambios, sino de ponerse un horizonte y metas intermedias.
¿Se rechazó alguna disposición transitoria?
Se rechazó un segundo inciso del artículo transitorio 34°, que señalaba que la tramitación de la ley que establece el Sistema Nacional de Educación no podía durar más de 2 años desde su presentación, lo que deja este trámite sin un plazo definitivo. Con esto, la disposición vuelve a la comisión, y tiene una última oportunidad para ser revisada y vuelto a votar en el pleno.
La Comisión de Normas Transitorias terminará su trabajo este sábado 10 de junio, y el segundo informe será votado el próximo martes 14 de junio. ¡Estamos en la recta final de este importante proceso!
