El pasado jueves 17 de marzo continuó el debate en educación que había comenzado con la presentación de iniciativas populares. Esta vez, fueron los propios convencionales constituyentes quienes presentaron sus propuestas para el articulado de norma que sentará las bases de la educación en Chile.
En el debate se dejaron ver algunos nudos que aún generan disenso. El más importante tiene que ver con la posibilidad de financiar con dinero estatal proyectos particulares, para lo que hay propuestas de todo tipo, desde una de Vamos por Chile que consagra la equidad de trato entre establecimientos públicos y privados hasta una de Movimientos Sociales que prohibe al Estado financiar proyectos particulares. La mayoría de las iniciativas, sin embargo, protege la libertad de enseñanza en menor o mayor medida. Destaca en este ámbito la propuesta 662-4 presentada por Lorena Céspedes y Fernando Atria, quienes señalan que la libertad de enseñanza debe cambiar de paradigma, dejar de ser entendida como libertad de mercado y comprenderla dentro de su rol para asegurar la diversidad y pertinencia de los proyectos, siendo ésta limitada por los fines de la educación.
En esta misma línea, existe una discusión sobre el rol que debe tener el Estado y los establecimientos estatales en la educación, con posturas que van desde mantener nuestro modelo de Estado Subsidiario, hasta otras en que el Estado tiene un rol central dentro de un sistema único de educación. Parece haber cierto acuerdo, sin embargo, de que el Estado cumple un rol de garantizar que todas las personas tengan acceso a la educación, y la discusión se centra más bien en cómo se logra esto.
Un tercer tema que parece levantarse mucho desde Vamos por Chile es la defensa del derecho preferente de los padres y madres a educar a sus hijos. Sin embargo, no existe ninguna iniciativa que intente negar este derecho -el cual además se encuentra protegido por tratados internacionales-, y como mucho se delimita en algunos casos ante el interés superior y autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes.
Un último punto que se discutió, menos frecuente pero no menos relevante, tiene que ver con la libertad de cátedra y la libertad académica, es decir, la libertad de las y los educadores de expresar y enseñar contenidos, sin verse influenciados por políticas públicas o corporativas. En la discusión se planteó si esta libertad es de las personas o de los dueños de la institución, y dónde se ven los límites entre esta libertad y el adoctrinamiento. Sin duda un tema que puede dar para hablar y que deberá quedar bien redactado.
Quedando algunas iniciativas sin discutirse por ausencia de convencionales autores en la instancia -que, recordemos, se hace por subcomisiones paralelas, por lo que los convencionales pueden encontrarse en otra sala-, se espera que la próxima semana ocurran las votaciones sobre educación. Estaremos atentos e informando lo que ocurra en ellas.
