Hoy, 9 de marzo, la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional revisó la Iniciativa Popular de Norma (IPN) “Por una educación integral, de calidad, inclusiva, equitativa y gratuita”, impulsada por 19 organizaciones agrupadas en el conglomerado Acción Colectiva por la Educación, tras lograr reunir cerca de 18.500 apoyos ciudadanos durante la primera parte del proceso participativo.
La presentación estuvo a cargo de la Directora Ejecutiva de Educación 2020, Alejandra Arratia, y del Director Ejecutivo de Elige Educar, Joaquín Walker. En tan solo cinco minutos, debieron explicar ante las y los constituyentes los principales lineamientos del articulado, cuyas propuestas se basaron en los resultados del proceso ciudadano Tenemos que Hablar de Educación, desarrollado entre 2020 y 2021, y que convocó a 7.800 estudiantes, docentes, apoderados, directivos y asistentes de la educación de todo el país.
“Estamos contentos, orgullosos y esperanzados de estar presentando esta IPN que está construida en base a un proceso de participación previo, con casi 8 mil miembros de comunidades educativas de todo Chile y particularmente de sectores históricamente excluidos de la sociedad. Hoy queremos llevar esas voces, sueños y anhelos a través de esta propuesta concreta, transformadora y sostenible para asegurar el derecho a la educación de forma efectiva en la nueva Constitución”, afirmó Joaquín Walker.
En la misma línea, Alejandra Arratia, destacó la importancia de aportar en este nuevo ciclo político desde las y los actores de la educación. “Creemos que este es un momento histórico para avanzar en cambiar la organización de nuestro sistema educacional de un modelo más bien desde el mercado hacia uno que nos permita consagrar la educación como un derecho social en nuestro país. Este es un momento crucial para avanzar hacia una nueva educación para un nuevo Chile”.
¿Qué propone la iniciativa?
El articulado de esta propuesta está conformado por siete incisos para incluir en la nueva Constitución, desde que el Estado debe garantizar a todas las personas el derecho a una educación integral de calidad, equitativa, inclusiva, no discriminatoria, con perspectiva de género, con pertinencia territorial, cultural y lingüística, hasta el reconocimiento del rol docente en el nuevo texto fundamental, velando por la formación –inicial y continua– y por condiciones laborales adecuadas para profesores, profesoras, educadores y educadoras. También, aborda otros temas como la libertad de enseñanza al servicio del derecho a la educación, derechos de las familias, interés superior y autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes, entre otras.
Tanto Alejandra Arrtia como Joaquín Walker fueron enfáticos en afirmar que este articulado permite construir una mejor educación para el futuro haciéndose cargo de nuestra realidad actual. Además, el articulado llega a equilibrios entre tensiones que hoy existen en el debate constitucional, fortaleciendo al sistema educativo y su rol público sin comprometer la autonomía de las instituciones y la diversidad de proyectos pedagógicos.
La IPN será votada dentro de los próximos días en la Comisión de Derechos Fundamentales. De ser aprobados sus incisos, serán integrados al informe que pasará al pleno de la Convención Constitucional donde serán nuevamente discutidos. Si logran convocar los apoyos de ⅔ del total de constituyentes, serán incluidos en el borrador de la nueva Carta Magna. Sin embargo, de no contar con ello, volverán a la comisión donde serán revisados nuevamente. Queda un largo camino, y estaremos expectantes para ver qué ocurre.
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