El sábado 29 de enero a las 11:45 de la noche, 19 organizaciones de Acción Colectiva por la Educación monitoreaban minuto a minuto la plataforma de apoyos para iniciativas populares de norma (IPN). Fueron tres semanas de trabajo intenso en redes sociales, comunicaciones, prensa y motivación a una comunidad activa y que busca mejoras para la educación de Chile. Por eso el logro es colectivo y la celebración también.
La historia comienza con el proyecto Tenemos que Hablar de Educación, desarrollado desde el año 2020, en el que participaron alrededor de 7.800 estudiantes, docentes, educadores, directivos y familias a lo largo del país, quienes plantearon sus sueños para la educación del futuro. A partir de este proceso, y considerando la experiencia y aprendizajes de las organizaciones que conformamos esta red, se ha elaborado esta IPN, que propone garantizar el derecho a la educación. Una educación integral, que lleve a los individuos a su pleno desarrollo, que empuje un proyecto colectivo, democrático, inclusivo y un desarrollo sostenible para el planeta. Una educación equitativa, no discriminatoria, con perspectiva de género y pertinencia territorial, cultural y lingüística. Una educación con proyectos diversos –públicos y privados–, para potenciar la innovación pedagógica y la pluralidad de cosmovisiones.
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Para Educación 2020, ésta es una propuesta que redefine los propósitos de la educación considerando tanto su dimensión individual (como el desarrollo integral de la persona) como su dimensión colectiva (como el desarrollo democrático, el respeto a los derechos humanos, la inclusión como principio, la equidad de género y el cuidado del medioambiente), abordando de esta manera un nudo central de la actual constitución en materia educacional. Esta norma responsabiliza al Estado para que la educación en todos sus niveles sea accesible y de calidad, dejando atrás la idea de Estado subsidiario que ha configurado nuestro país en las últimas décadas. En este mismo sentido, rescata el valor estratégico que juega la educación pública para la construcción del país, describiendo que ésta debe ser diversa, no confesional, de alto estándar educativo y descentralizada, sin dejar de lado la libertad de las comunidades de aportar al sistema educativo con proyectos innovadores y diversos. Finalmente, y como un elemento distintivo de esta propuesta, se reconoce el rol de las y los docentes y profesionales de la educación, relevando su importancia y la necesidad de otorgar formación permanente, dándole carácter constitucional a este reconocimiento.
Revisa la Iniciativa Popular de Norma aquí
Cerramos esta fase con 18.467 apoyos conseguidos ¿Qué viene ahora?
Fueron 78 iniciativas las que cumplieron los requisitos (¡entre casi 2.500!), y 9 de ellas abordan materias educativas. Por lo mismo, la recolección de las 15.000 firmas es sólo el inicio del camino. Durante las primeras semanas de febrero, la iniciativa será presentada en el Hemiciclo y discutida por las y los convencionales de la Comisión de Derechos Fundamentales, quienes deberán votarla en general, y luego en particular (punto por punto). Las normas aprobadas serán armonizadas y luego llevadas al Pleno para, una vez más, ser votadas en general y particular. Aún queda camino por recorrer, pero la posibilidad de instalar estos temas en el debate desde la ciudadanía ya se convierte en un importante paso para el desarrollo de una educación más justa, democrática y participativa. Si quieres seguir la discusión, quédate atento en este sitio, o revísala directamente en la transmisión de la Convención Constitucional.
