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La Convención Constitucional dispone  en su reglamento la posibilidad de que la ciudadanía elabore sus propias iniciativas de norma constitucional. Estas iniciativas deben contar con el apoyo de 15.000 firmas ciudadanas antes del 1 de febrero, para poder ser discutidas por los y las convencionales.

El pasado miércoles fue aceptada y subida a la plataforma de participación popular de la Convención Constitucional la  iniciativa popular de norma 43.926 impulsada por Acción Colectiva por la Educación, una red de organizaciones de la sociedad civil cuyo propósito es abordar  los principales desafíos que enfrenta nuestro sistema educativo. Un total de 19 de estas organizaciones – entre las que se encuentra Educacion 2020 – han discutido y trabajado para desarrollar esta iniciativa.

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La propuesta responde al trabajo realizado en el marco del proceso participativo Tenemos que Hablar de Educación, que contó con alrededor de 8 mil  docentes, estudiantes, directivos, sostenedores y apoderados de todo el país, quienes pudieron reflexionar y plantear los principales desafíos que tenemos como país para lograr una educación equitativa, inclusiva y de calidad para el siglo XXI. 

El articulado presentado por Acción Colectiva por la Educación recoge estas reflexiones, y aquí te contamos sus puntos más relevantes:

  • Define claramente los fines de la educación desde lo individual y lo colectivo, haciéndose cargo del desarrollo integral de las personas y también del desarrollo democrático, inclusivo y sustentable de toda la sociedad y el planeta, cosa que nuestra actual Constitución no contempla
  • Responsabiliza al Estado para que la educación en todos sus niveles llegue a todas las personas con calidad, pasando de un Estado Subsidiario a un Estado Garante.
  • Reconoce el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes, como sujetos de derecho.
  • Garantiza la libertad de enseñanza, permitiendo a la comunidad abrir establecimientos con proyectos innovadores, diversos y pertinentes, siempre que cumplan con los fines generales de la educación. Incluso les permite recibir financiamiento estatal siempre que sean gratuitos y sin fines de lucro, reconociendo el rol que han tenido muchos establecimientos particulares subvencionados.
  • Garantiza el derecho preferente de las familias de elegir la educación de sus hijos e hijas, siempre que esto no choque con los fines de la educación y respeten el interés superior y autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes.
  • Reconoce el rol de las y los docentes y profesionales de la educación, relevando su importancia para el desarrollo social y su necesidad de formación permanente.

¡Te invitamos a firmar por una educación integral, de calidad, inclusiva, equitativa y gratuita! Sólo necesitas entrar a la plataforma de participación popular e iniciar sesión con tu clave única o número de serie de tu carnet. ¡Recuerda que sólo puedes apoyar a siete iniciativas en total, y necesitamos 15.000 firmas!